Nueva hoja de ruta en el sector del taxi y nunca mejor dicho porque el camino emprendido es completamente nuevo. El Consejo del Taxi celebrado el pasado jueves y que no había trascendido supone la posición oficial de la Generalitat de llegar al objetivo de una licencia por cada titular, con el propósito de reducir un parque móvil que sólo en Valencia y su área metropolitana alcanza los 3.000 vehículos en servicio.

El anuncio fue uno más de toda una batería de medidas, en lo que de momento se considera un borrador de la futura Ley del Taxi. El presidente autonómico de la Unión Gremial del Taxi, Antonio Haro, confió en que todavía es posible anular algunos de los propósitos, como retirar las licencias a viudas, jubilados y discapacitados que trabajan familiares en su lugar.

«Las pensiones son muy bajas y eso nos parece quizás lo peor de todo lo que han propuesto». La legislación no tiene que ver con la orden de horarios, pendiente todavía de aplicar este año, y que en la actualidad permite 16 horas de trabajo continuo para cada vehículo.

La posición contraria de la Unión Gremial es la de la Federación Sindical del Taxi, cuyo presidente, Fernando del Molino, aplaudió la medida, para recordar que se trata de un pacto preelectoral alcanzado con el PSPV.

Compromiso del Consell

En su opinión, es un compromiso del nuevo Gobierno «basado en un modelo de taxi autónomo». El borrador establece que los taxistas que tengan más de una licencia tendrá que deshacerse de ellas a lo largo de los dos años siguientes a la aprobación de la ley, salvo que la empleen para taxis adaptados.

Haro comentó sobre esto último que no existe suficiente demanda de este tipo de vehículos. En Valencia hay unos 15 coches preparados para llegar una o dos sillas de ruedas, furgonetas de tamaño medio, que muchas veces acaban el día «sin hacer ningún servicio de este tipo», aseguró el dirigente del sector.

Del Molino comentó que otro de los objetivos de la nueva legislación es «devolver las competencias a los Ayuntamientos, que podrán cederlas para crear áreas de prestación, lo que mejorará sustancialmente el servicio al usuario».

Además, se reconducen las «desviaciones en el área de Valencia respecto al reglamento nacional de 1979», al basarse la nueva estrategia en «un modelo autónomo titular de una sola licencia, que presta un servicio individualizado, con plena y exclusiva dedicación, diferenciando al taxi de otros transportes de viajeros».

La medida es todo un golpe a los empresarios del sector. Haro indicó que afectará a más de 300 puestos de trabajo, por lo que llamó a la Conselleria de Transportes a que descarte la prohibición de operar con más de una licencia. «El mercado no puede absorber tantas autorizaciones, que acabarán caducando cuando han costado miles de euros», dijo.

Pero insistió en que el mayor perjuicio, al ser la parte débil de la cadena, se centrará en pensionistas, viudas y discapacitados sin opción de trabajar por accidentes laborales o enfermedades. «A la reunión me llevé varias fotocopias de pensiones de menos de 500 euros para que sean conscientes de lo que quieren hace», indicó.

En caso de que el taxista afectado decida utilizar su licencia para un vehículo adaptado, entonces tendrá diez años más de margen para explotar el permiso. Del Molino subrayó por su parte el «control de la oferta y la demanda, con posibilidad de retirar licencias si fuera necesario».

Para Haro, otro de los aspectos negativos es que los «vehículos serán todos de cinco plazas, excepto los de siete que serán obligatoriamente adaptados, según nos dijeron. Sólo servirán los de nueve plazas en los ámbitos rurales». Por último, comentó que en el borrador se señala que los coches tendrán una antigüedad máxima de 12 años para todos, excepto los adaptados o ecológicos, que serían de 14 años».