La Ley de Movilidad que se tramita de urgencia en las Corts disgusta a los transportistas, taxistas y sindicatos ferroviarios y también a Competencia
La Ley de la Movilidad que se tramita por urgencia en las Corts ha tenido la curiosa virtud de suscitar un clamor de opiniones en contra. No gusta a ninguno de los sectores que pretende regular (transporte por carretera, taxistas, ferroviarios y usuarios de la bici). También ha recibido un dictamen en contra del Tribunal de Defensa de la Competencia que instaba a la Conselleria de Infraestructuras a modificar el anteproyecto. Además, todos los partidos con representación en las Corts han presentado un total de 341 enmiendas a la ley, dos de ellas a la totalidad, que debería tratarse en alguno de los tres plenos que quedan pendientes antes de que acabe la actual legislatura. Los críticos a la nueva normativa, que son muchos, confían en que el apretado calendario parlamentario deje la ley en el tintero para que pueda tramitarse un texto mejor, señalan desde varios sectores afectados.
Precisamente ayer, se celebró en Alicante la reunión preparatoria del Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana que va a reunir a más de 60 profesionales del transporte público para redactar un «documento marco con las propuestas sobre la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana que deberían ser, a nuestro juicio, atendidas por el Gobierno valenciano». En el caso de que la nueva normativa llegara a aprobarse, desde el Foro ya anuncian que presentarán un recurso de inconstitucionalidad e, incluso, recurrirla ante los organismos europeos. Además, taxistas, transportistas y sindicatos ferroviarios anuncia movilizaciones y paros indefinidos para el próximo mes de marzo.
¿Qué tiene la ley para suscitar tantas opiniones en contra El Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana ya pone el dedo en la llaga en una resolución del 27 de enero de 2011 (La Ley de Movilidad fue aprobado por el Pleno del Consell a finales de agosto de 2010). El órgano consultivo critica que se restrinja la libre competencia entre las empresas del transporte por carretera y de taxis, «cuestiones que convendría replantearse».
Por ejemplo, en el sector del transporte por carretera la Conselleria de Infraestructuras «vende» como ventaja una «ambiciosa novedad: las concesiones integradas de transporte», que permite unificar líneas de transporte regular con el escolar y hasta las líneas de tranvías para «que lo tenga un sólo operador». Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Competencia considera esta posibilidad de unificación como «una restricción a la competencia en el mercado del transporte por el control de la oferta que se reserva la administración» lo que, a juicio del órgano consultivo, «genera absoluta incertidumbre entre los operadores, al tiempo que introduce un elemento de preferencia y protección al operador del servicio público de uso regular que excede el ámbito de las compensaciones y derechos exclusivos» que contempla el Reglamento europeo de 2007 que regula el transporte de viajeros por carretera y ferrocarril. Además, la Unión Valenciana de Transportistas ha criticado reiteradamente que la Conselleria de Infraestructuras ha desoído sus opiniones reiteradamente pese a que coinciden con el dictamen del Tribunal de la Competencia).
El sector taxi también se ve agraviado ya que, según denunciaron ayer desde el Foro de la Movilidad, «permite la acumulación de licencias del taxi o la creación de licencias temporales en zonas turísticas lo que provocará sobreoferta, precariedad y la quiebra del sector».
Respecto al sector ferroviario, como ya informó Levante-EMV, se incumple las recomendaciones del dictamen de la comisión de investigación del accidente del metro ya que se renuncia a crear una agencia de seguridad ferroviario, por su coste económico, y en lugar de redactar una ley específica para este medio de transporte sólo representa un capítulo dentro de la Ley de Movilidad. Por último, la norma pretende fomentar los viajes a pie y en bicicleta pero deriva la redacción de planes de movilidad a los ayuntamientos.
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