El ente consultivo del Consell alega que la medida incluida en el anteproyecto de la Ley del Taxi «coarta el desarrollo de la actividad de los titulares»
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES) considera que uno de las principales novedades de la Ley del Taxi que ultima el Consell es un error. El ente consultivo no se muestra partidario de «limitar a una única autorización por persona habilitada». Así lo expresa en su dictamen sobre el anteproyecto de ley, en el que apunta que el articulado actual «podría coartar las expectativas de crecimiento y desarrollo de la actividad de los titulares» de las licencias de taxis.
Además, el comité también incide en que «otras comunidades autónomas (Cataluña, Baleares…) están permitiendo la concesión de varias licencias por titular, tanto persona física como jurídica». Concluye que la «exclusión radical de la persona jurídica resulta excesivo» por lo que afirma que es «necesario revisar esta postura y buscar nuevas fórmulas».
Otro apunte que hace el comité sobre la redacción provisional de la norma es la necesidad de «introducir medidas para evitar la competencia desleal y el intrusismo profesional en el sector del taxi». Asimismo, indica que para que se respeten los tiempos máximos de conducción que recoge el anteproyecto, los taxistas tendrían que contar con «algún mecanismo tecnológico de control» en sus vehículos. El taxímetro será obligado «sin que haya lugar a excepción».
A la hora de elaborar la ley, el CES puntualiza que «debería haberse sustentado en un estudio previo del sector, permitiendo un diagnóstico certero de su situación». El Comité considera que la participación de las asociaciones más representativas del sector «hubiera facilitado alcanzar un texto consensuado, en beneficio de los profesionales de esta actividad y de las personas usuarias de taxi».
Para la creación de nuevas autorizaciones, también se deberá consultar a las asociaciones, apuntan. También considera que debería incluirse un test psicotécnico a los futuros taxistas; el «requisito de honorabilidad» solo debería aplicarse al ejercicio de la profesión; y no debería ser necesaria la exigencia de la domiciliación en el ámbito de la licencia. Otra propuesta que el ente consultivo lanza es que los Centros de Distribución de Servicios de Taxi sean «la sociedad mercantil o cualquier otra de ´economía social´ de servicios, no sólo las cooperativas»; y pide «suprimir el carácter permanente y definitivo de las Áreas de Prestación Conjunta; e indica que las sanciones por conformidad deben ser del 50 %, y no del 30 %, para que no supongan un desagravio en comparación de las sanciones de Tráfico.
Por otro lado, hace hincapié en que a la futura ley, la conselleria le debe «añadir el reconocimiento al sector del taxi por su función social y de interés público» por el «trabajo que realiza con grupos de personas de movilidad muy reducida, por el interés de los profesionales en materia de formación para atender a estos colectivos y por el esfuerzo en invertir en vehículos adaptados».
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