Estimados compañeros:
Como sabéis, la Audiencia Nacional ha desestimado por Sentencia las demandas de la CNMC y Unauto contra una Orden Ministerial de 2015 que regulaba la prohibición a las VTC de circular sin un documento “hoja de ruta” en la que figuren los datos del vehículo, pasajero y recorrido del transporte, circunstancia que era discutida por la CNMC y Unauto-VTC en base a entenderla contraria a la Ley de Unidad de Mercado.
Además, la Sentencia niega que el Ministerio de Fomento estuviera infringiendo la ley de protección de datos personales al imponer estas obligaciones a empresas de VTC y plataformas digitales como Uber y Cabify.
La sentencia de la Audiencia Nacional desestima ahora sus demandas y mantiene en vigor dicha regulación al entender que no supone un exceso de carga burocrática para estas empresas. Ello supone básicamente que los vehículos VTC tendrán que seguir confeccionando un contrato o bien un documento de control del mismo, la hoja de ruta.
La sentencia, aunque es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, es clave puesto que posibilita el control efectivo de este tipo de servicios e impide que las VTC circulen indocumentadas o se mantengan estacionadas para captar viajeros.
Por otro lado, tanto el control de estos vehículos mediante un registro telemático como las regulaciones que les obligan a informar de su precontratación con 15 o más minutos de antelación dependían para su vigencia de una sentencia favorable en este asunto.
Desde la Asociación Gremial del Taxi nos sentimos muy satisfechos por la noticia y por la labor desarrollada por nuestra asociación nacional de la que somos integrantes y que ha actuado como codemandante FEDETAXI.
Esta sentencia ratifica cada vez más en que el servicio de transporte de las VTC´s están sometidos a restricciones y obligaciones que deben de cumplirse SI o Si. Los tribunales están dando la razón al taxi, ahora hay que conseguir que la labor de inspección cada vez sea más intensa ya que sin ella de nada sirve lo conseguido en los tribunales.
La Junta Directiva de la entidad entiende que dentro del ámbito doméstico de nuestra ciudad nuestra principal labor ahora es exigir y conseguir lo que ya llevamos tiempo reclamando, y no es otra cosa que conseguir que el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria lleguen a un acuerdo donde se delegue en el Ayuntamiento la competencia de sancionar a las VTC (algo que ya puede hacer) pero que esta competencia se amplié a la gestión del cobro de las mismas en base a los la Ley 8/2010 de 23 de junio de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.
A nadie se le escapa que la labor de inspección por parte de la Conselleria es escasa o prácticamente nula y que la implicación del Ayuntamiento de mano de la Policía Local, aunque lo intentan, no se implican lo suficiente ya que supone gastar recursos municipales propios en una labor que nos reporta nada. Sin duda conseguir que se llegue a un convenio Ayuntamiento/Conselleria por el que la Policía se encargue del control de la inspección, sanción y cobro de las mismas supondría un incentivo ya que el ayuntamiento reportaría dinero a las arcas municipales.
Ésta creemos que debe ser la hoja de ruta y en esa labor estamos. Sabemos que el Consistorio, como así nos transmitieron tanto el Concejal de Movilidad como el de Policía, apoya la medida. De la Conselleria aunque ya se le ha transmitido la propuesta en reiteradas ocasiones todavía no tenemos respuesta pero el esfuerzo de la entidad en lo que a la lucha contra las VTC se refiere va a ir encaminado por ese camino.
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