El Gobierno convoca la comisión bilateral con la Generalitat por discrepancias en torno a la Ley del Taxi.-

EUROPA PRESS 01.02.2018 El Gobierno ha convocado la comisión bilateral con la Generalitat Valenciana para resolver las discrepancias existentes sobre algunos puntos de la Ley del Taxi valenciana que, considera, podrían ser inconstitucionales.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, que se ha reunido este jueves con representantes de la Unión de Asociaciones de Autotaxis de la Comunitat Valenciana y de la Asociación Gremial del Taxi de Valencia y Provincia para escuchar las inquietudes del sector ante la nueva ley autonómica del taxi. A la reunión también han asistido la portavoz del Grupo Popular de las Corts, Isabel Bonig, y el diputado del PP Alfredo Castelló. Durante la misma, el delegado les ha avanzado que el Gobierno ha constituido la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para resolver las discrepancias que se han detectado en determinados preceptos de la ley autonómica con el objetivo de buscar una solución adecuada a las mismas y evitar el recurso de inconstitucionalidad. “El Gobierno considera que algunos artículos pueden incurrir en extralimitación competencial y son contrarios a la ley de garantía de unidad de mercado, así como a la normativa europea”, ha informado el delegado, quien ha explicado que la ley valenciana establece que sólo las personas físicas podrán ser titulares de autorizaciones del servicio de taxi y que no podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes y establece la obligatoriedad de tener domicilio social y fiscal y sede física en la Comunitat. “Estos preceptos suponen una restricción del derecho a la libertad de empresa y en el acceso a una actividad económica, que debe fundamentarse en una imperiosa de interés general. Además, obligan a aquellos titulares de más de una autorización a transmitirla a una persona física o cambiar el vehículo para ser adaptado o eléctrico, lo que conlleva, según nos ha transmitido el sector, pérdidas importantes para aquéllos que ya habían realizado la inversión”, ha señalado Moragues, quien ha recordado que “dicha actividad económica ya se encuentra sometida a la normativa de protección del consumidor”.

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